Políticas de comunicación en
Argentina. 1920-2010.
Por Mariana Malagón.
Introducción. Los inicios.
Por
“políticas de comunicación” se entiende el modo en que los estados regulan el
funcionamiento de los medios masivos de comunicación. En este artículo se verá
cómo el estado argentino legisló sobre el uso de la radio, la televisión y los
diarios. Se irá viendo el fenómeno desde el análisis cultural, pero básicamente
se analizarán las cuestiones políticas y económicas que explican las sucesivas
reglamentaciones y legislaciones.
La constitución nacional
de 1853 establecía en el artículo 14 el derecho de publicar ideas por la prensa
sin censura previa. En 1875 se promulgó la ley que regulaba el funcionamiento
de los telégrafos en el territorio nacional y en 1913 se establece el monopolio
estatal del servicio de correos y telégrafos. Cuando nace la radiodifusión, en
1920, las primeras emisoras solicitan permisos a la Municipalidad de
Buenos Aires. Sin embargo, la Dirección General de Correos y Telégrafos dependiente
del Ministerio de Interior también comienza a otorgarlos definitivamente en
1928 por un decreto del gobierno de Hipólito Irigoyen (Mastrini y Agusti, 2006).
En radio y televisión,
para poder ser titular de una onda radioeléctrica se debe concursar para
obtener una licencia. Las frecuencias son limitadas y son administradas por el
Estado. Por eso es tan importante que exista una legislación clara sobre cómo
funciona el sistema de otorgamiento de licencias. La primera ley nacional de
radiodifusión se promulgó recién en 1953. Hasta entonces solo hubo decretos que
regulaban una actividad que era básicamente privada, o sea, desarrollada por
empresas comerciales con fines de lucro. Pero antes de continuar con conceptos
teóricos, es necesario comentar cómo comenzó en Argentina la radiodifusión. Así
lo relatan Mastrini y Agusti (2006:31):
“La primera transmisión, a cargo de
Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, se llevó
a cabo el 27 de agosto de 1920 desde el teatro Coliseo y fue recibida por
aproximadamente 50 aparatos receptores, en manos de aficionados. El responsable
de la transmisión fue Susini, que un año antes, en Francia, había indagado
sobre los equipos transmisores utilizados por el ejército francés para las
comunicaciones entre los frentes durante la Primera Guerra
Junto a Guerrico, Carranza y Mujica,
Susini formó desde ese momento LOR Sociedad Radio Argentina y acordó con los
titulares del Coliseo poner una pequeña antena en la terraza del teatro. Por
este hecho fueron llamados ‘los locos de la terraza’. Después de la transmisión
inicial de la ópera Parsifal Radio
Argentina continuó un ciclo que incluyó a ‘todas las obras inscriptas en la
temporada lírica que ofrecía el Coliseo en competencia con el Teatro Colón’
(Vila, 1950)”.
En 1922 inicia sus
transmisiones Radio Cultura desde el Hotel Plaza. Se sustenta mediante
publicidad. Luego, en el mismo año surge Radio Sud América, que es financiada
por un grupo de comerciantes dedicados a la actividad radioeléctrica. También
en ese año, según Mastrini y Agusti (2006), se inaugura Radio Brusa, de
Francisco Brusa. Luego, se van iniciando otras radios, como Radio Gran
Splendid, Casa América, Radio Nacional. En 1927 Radio Nacional es vendida a
Jaime Yankelevich que la llamará Radio Belgrano e instalará “… un modelo de
radiodifusión que, caracterizado por el show y el entretenimiento popular,
concentraba una audiencia significativa que a su vez atraía a los anunciantes.
Así comenzó el principal modo de financiamiento de la radio hasta nuestros
días, el publicitario” (Mastrini y Agusti, 2006: 35).
En la década de 1920
nacen y mueren varias emisoras y recién las radios se configuran como medios
masivos de comunicación en la década de 1930. Las principales radios se
concentran en la ciudad de Buenos Aires. El interior del país retransmite los
programas de Buenos Aires, limitándose a sólo dar noticias locales y formándose
así el sistema de redes o “broadcasting”. Como explican Mastrini y Agusti
(2006: 42 y 43):
“El sistema de
redes de emisoras terminó de consolidarse en el período 1937-1941, cuando las
principales estaciones se agruparon en dos redes, encabezadas por LR1 Radio El
Mundo y LR3 Radio Belgrano. En 1941 el gobierno completó la legalización de
esta situación cuando autorizó el funcionamiento de una tercera red encabezada
por LR4 Radio Splendid”.
Conceptos claves.
Hasta aquí se analizó el
comienzo de la radiodifusión en Argentina. Es el momento de introducir algunos
conceptos útiles para comprender las políticas comunicacionales. Un concepto fundamental
es el de “libertad de expresión”,
derecho que asegura que cualquier habitante puede decir lo que piensa por
cualquier medio o canal sin censura previa. Como se explicó, este derecho ya
estaba contemplado en la
Constitución de 1853. Sin embargo, este derecho puede ser
fácilmente vulnerado. Así, todos los gobiernos de facto, violaron la libertad
de expresión durante el siglo XX. Se elaboraron listas negras y se encarceló y
persiguió a quien opinaba distinto al gobierno. Pero también sucede que en los
medios de comunicación se da la censura
implícita. Así, cuando por ejemplo, un gobierno quiere castigar a un medio
opositor no le ofrece publicidad oficial o no concede licencias a grupos que
son contrarios a la ideología del gobierno de turno. La auto-censura se da
cuando un medio o un periodista no difunde una información para no contrariar
al gobierno o a un grupo económico poderoso. Por ejemplo, un periodista puede
conocer un caso de corrupción, pero no informa sobre esto para no tener
problemas. O puede saber que una fábrica contamina, pero no difunde el dato por
miedo a que el dueño de la empresa lo amenace. Como cuentan Mastrini y Agusti
(2006), en los comienzos de la radiodifusión, los titulares de las licencias
buscaban no oponerse a los gobiernos de turno para que éstos no interfirieran
en sus negocios. La radio en la década de mil novecientos cuarenta tiene su
época de esplendor: grandes estrellas como Nini Marshall y Luis Sandrini
generan grandes audiencias y los anunciantes pagan altos precios para hacer
publicidad. Su desarrollo era enteramente privado y los gobiernos no se
entrometían a cambio de que los programas no informase de un modo opositor.
Vale aclarar que durante
los gobiernos oligárquicos de la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte
del siglo XX, existió en general la libertad de expresión, aunque también se
persiguió y censuró a los socialistas y anarquista y en varias ocasiones se
cerraron sus diarios y se confiscaron sus imprentas. Se trataba de una prensa
facciosa, o sea, política, no comercial, que sostenía y difundía las posturas
políticas de las diferentes facciones gobernantes o aspirantes al poder. Pero
ya a comienzos del siglo XX los diarios de grandes tiradas como La Nación , La Razón o
Crítica, son más comerciales y menos
facciosos. El interés está puesto, no en defender a un político o a una
facción, sino en conseguir anunciantes y vender ejemplares. El caso de los
diarios es diferente al caso de la televisión o la radio, ya que cualquiera
puede tener un diario, pero para tener una emisora se necesita que el gobierno
la adjudique. Y es por ello que la cuestión de la censura implícita y la
auto-censura se convierte en una cuestión importante.
Como ya se dijo, durante
los gobiernos militares no hubo plena libertad de expresión. Así, durante el
gobierno militar de Farrell (1944-1946), se sancionó el llamado Manual de Instrucciones mediante el cual
se promulgaba la censura previa ya que el estado podía prohibir contenidos.
Existía un detallado control de los contenidos en cuanto a cuestiones morales,
políticas e idiomáticas que era llevado por la Dirección Generalla Subsecretaría de Informaciones y Prensa que a su
vez dependía del poder ejecutivo (esta subsecretaría había sido creada durante
el gobierno de Ramirez (1943-1944).
Los sistemas de propiedad de los medios de comunicación de un país son de tres tipos: privados (el estado no posee ningún
medio de comunicación), estatales (todos
los medios de comunicación pertenecen al estado) y mixtos (hay medios privados y también hay medios estatales). En
Argentina casi desde el comienzo el sistema de propiedad fue mixto, ya que en
1927 se funda Radio Municipal y en 1937 Radio Nacional. El comienzo de la
actividad estuvo en manos del mercado, fue privado.
Pero a lo largo de los
años, el estado comenzó a tener injerencia en la concesión de licencias,
en la organización técnica, en la legislación y en los contenidos. Este
cambio está asociado a un nuevo modelo de estado. En este modelo, llamado estado de bienestar[1],
el estado intervenía en cuestiones que anteriormente quedaban en manos de
empresas privadas: salud, educación, vivienda, servicios públicos (luz, agua,
teléfono, etcétera) obra pública (rutas, iluminación, etcétera). Es el estado
quien realiza estos servicios y quien regula e interviene. Por ejemplo, una
persona concurre a hospitales y escuelas del estado, paga un plan habitacional
llevado a cabo por el estado, tiene luz, agua, teléfono y gas que le brinda el
estado y trabaja como albañil de una empresa constructora de calles a la que el
estado contrata para la obra pública. Este período histórico del capitalismo
occidental comenzó a desarrollarse después de la crisis del treinta, como un modo
de dar trabajo a los desocupados y activar la economía. Tuvo vigencia hasta
mediados de los años setenta, cuando se implanta lo que se conoce como estado neoliberal. El estado lleva
adelante políticas activas en lo legislativo, en lo económico, en lo social y
en lo cultural. El estado de bienestar se desarrolla en las economías
capitalistas, donde las empresas privadas desarrollan la mayor parte de las
actividades económicas. Pero la particularidad de este modelo de estado es que
no deja libradas enteramente a la ley de la oferta y la demanda las relaciones
sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el estado vigila, controla y regula
las actividades privadas. Por ejemplo: protege al trabajador frente al
empleador para que la desigualdad social no genere una gran diferencia. O desarrolla
una actividad comercial que no puede ser afrontada por los privados porque
tiene altos costos, como por ejemplos las aerolíneas. Para poder afrontar los
gastos cobra impuestos. El estado de bienestar y el estado neoliberal tienen
que ver con dos concepciones ideológicas: o dejar que el mercado regule las
relaciones sociales o intervenir en estas relaciones buscando achicar las
desigualdades del capitalismo. El estado de bienestar no es crítico del
capitalismo, sino que es crítico del mecanismo de la oferta y la demanda.
Los gobiernos de Perón.
Durante los gobiernos de
Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955), el estado desarrolló una amplia
política comunicacional, interviniendo en las áreas nombradas anteriormente (concesión
de licencias, cuestiones técnicas, legislación y contenidos). Los gobiernos de
Perón llevan adelante de un modo vigoroso el modelo del estado de bienestar. El
estado hasta brinda vacaciones en colonias turísticas a los hijos de los
obreros, por poner solo un ejemplo, entre tantos que se pueden dar. Ya antes de
que Perón llegara al poder, el gobierno de Farrell (del que el Perón fue un
importante funcionario) creó la agencias de noticias estatal TELAM “…cuyo
principal objetivo fue contrarrestar el oligopolio informativo de las agencias
estadounidenses Associated Press (AP) y United Press (UPI)” (Arribá, 2006:79).
Como cuenta Arribá (2006), el gobierno dio impulso al cine, al obligar a
exhibir a las salas películas argentinas y al reglamentar la ley de protección
al cine. Además, en 1946 se sancionó por ley nacional el Estatuto del
Periodista Profesional. Perón también le dio gran impulso a la Subsecretaría de
Informaciones y Prensa para que la obra realizada por el gobierno tuviera una
amplia difusión. Allegados al gobierno compraron medios gráficos (editorial
Haynes y diario La Razón ). En 1947 el
estado adquiere las cadenas de radio Belgrano, Splendid y El Mundo. Ese mismo
año se expropia el diario La Prensa , opositor al
gobierno. Vale aclarar que como dice Arribá (2006) en 1945 y 1946, la mayoría
de los medios eran opositores a Perón y manipulaban y distorsionaban la
información, lo que pone en contradicción el concepto de libertad de expresión.
Porque si bien el gobierno peronista restringió esta libertad, también es
cierto que en el período anterior la prensa jugaba sucio, informando
parcialmente.
En 1951 comienzan las
primeras emisiones de televisión. Perón le encarga al empresario Jaime
Yankelevich que compre la tecnología necesaria y ponga a funcionar el canal 7,
que es propiedad del estado nacional. Como dice Arribá (2006: 87): “Si la radio
se inició a partir de la iniciativa privada (el mercado), la televisión lo
haría a partir de la iniciativa pública (el Estado).
En 1953 sanciona en el
Congreso Nacional la Ley Número
El período 1955-1976
El 16 de septiembre de 1955 los militares
antiperonistas dan un golpe de estado y derrocan al gobierno. El 1 de octubre
el gobierno del general Lonardi declaró nulas las adjudicaciones de las
licencias de radiodifusión. En 1957 se sancionó una ley de radiodifusión que
buscaba básicamente impedir que allegados a Perón poseyeran licencias de
radiodifusión y evitar también la formación de oligopolios (varios medios en
manos de pocas empresas) y por ello se impidió que un mismo titular tuviera
varios medios y que se formen cadenas de radiodifusión. La nueva ley también
disponía que se adjudicaran señales para la televisión privada. Hasta ese
momento solo existía canal 7, propiedad del Estado. En 1958 se adjudican los
canales 9, 11 y 13 a sectores allegados al gobierno militar. Sin embargo, poner
en funcionamiento un canal de televisión era muy costoso, así que los
licenciatarios argentinos salieron a buscar socios extranjeros. Aunque se
prohibía la participación de extranjeros en el manejo de los canales, la ley no
prohibía que las productoras de contenidos (quienes fabrican los programas)
fueran de otro país. De este modo, los dueños de canal 13 se asocian con la CBS , los de canal 11 con la ABC y los de canal 9 con la
NBC. Estos
La televisión recién se
hace masiva en la década del sesenta. En los años cincuenta era una minoría la
que tenía aparatos receptores. Pero en los sesenta, debido al crecimiento
económico del país y a una mayor oferta televisiva, crece el número de hogares
con televisión. Hacia 1968, según Graziano (1974), citada por Bulla (2006), el
72 por ciento de los hogares posee un aparato receptor y en 1974 ese número se
eleva al 99 por ciento. Además de los canales capitalinos se inauguran canales
en las principales ciudades del interior del país.
En 1965, las cadenas
norteamericanas comienzan a irse de Latinoamérica, en parte porque ya han
cumplido su objetivo de vender sus productos y en parte porque no es rentable
seguir invirtiendo. Empresarios argentinos que antes habían sido periodistas o
que siempre estuvieron vinculados a los medios comienzan a comprar los canales
de televisión. Así, Hector Ricardo García, el dueño de Crónica compra canal 11. Alejandro Romay el 9. Y los hermanos Vigil
(dueños de editorial Atlántida) compran acciones de canal 13 y se asocian a
Goar Mestre (un cubano que fue pionero en la instalación de la televisión tanto
en su país como en Argentina).
Durante los gobiernos
miliares de la Revolución Libertadorala Revolución Argentinala Revolución Libertadorala Revolución Argentinala
Iglesia y las tradiciones morales patriarcales[2].
Los medios no solo no podían criticar al gobierno sino tampoco reproducir
ideas, imágenes o comentarios que supuestamente atentasen contra la moral
burguesa, militar y patriarcal. La famosa canción del grupo Pedro y Pablo “La
marcha de la bronca”, creada en 1970, resume la sensación de hastío y la rebeldía
de los jóvenes. Esta es su letra:
Bronca cuando ríen satisfechos
al haber comprado sus derechos
Bronca cuando se hacen moralistas
y entran a correr a los artistas
Bronca cuando a plena luz del día
sacan a pasear su hipocresía
Bronca de la brava, de la mía,
bronca que se puede recitar
Para los que toman lo que es nuestro
con el guante de disimular
Para el que maneja los piolines
de la marioneta general
Para el que ha marcado las barajas
y recibe siempre la mejor
Con el as de espadas nos domina
y con el de bastos entra a dar y dar y dar
¡Marcha! Un, dos...
No puedo ver
tanta mentira organizada
sin responder con voz ronca
mi bronca
mi bronca
Bronca porque matan con descaro
pero nunca nada queda claro
Bronca porque roba el asaltante
pero también roba el comerciante
Bronca porque está prohibido todo
hasta lo que haré de cualquier modo
Bronca porque no se paga fianza
si nos encarcelan la esperanza
Los que mandan tienen este mundo
repodrido y dividido en dos
Culpa de su afán de conquistarse
por la fuerza o por la explotación
Bronca pues entonces cuando quieren
que me corte el pelo sin razón,
es mejor tener el pelo libre
que la libertad con fijador
¡Marcha! Un, dos...
No puedo ver
tanta mentira organizada
sin responder con voz ronca
mi bronca
mi bronca
Bronca sin fusiles y sin bombas
Bronca con los dos dedos en Ve
Bronca que también es esperanza
Marcha de la bronca y de la fe...
al haber comprado sus derechos
Bronca cuando se hacen moralistas
y entran a correr a los artistas
Bronca cuando a plena luz del día
sacan a pasear su hipocresía
Bronca de la brava, de la mía,
bronca que se puede recitar
Para los que toman lo que es nuestro
con el guante de disimular
Para el que maneja los piolines
de la marioneta general
Para el que ha marcado las barajas
y recibe siempre la mejor
Con el as de espadas nos domina
y con el de bastos entra a dar y dar y dar
¡Marcha! Un, dos...
No puedo ver
tanta mentira organizada
sin responder con voz ronca
mi bronca
mi bronca
Bronca porque matan con descaro
pero nunca nada queda claro
Bronca porque roba el asaltante
pero también roba el comerciante
Bronca porque está prohibido todo
hasta lo que haré de cualquier modo
Bronca porque no se paga fianza
si nos encarcelan la esperanza
Los que mandan tienen este mundo
repodrido y dividido en dos
Culpa de su afán de conquistarse
por la fuerza o por la explotación
Bronca pues entonces cuando quieren
que me corte el pelo sin razón,
es mejor tener el pelo libre
que la libertad con fijador
¡Marcha! Un, dos...
No puedo ver
tanta mentira organizada
sin responder con voz ronca
mi bronca
mi bronca
Bronca sin fusiles y sin bombas
Bronca con los dos dedos en Ve
Bronca que también es esperanza
Marcha de la bronca y de la fe...
Esta canción expresa el descontento político, social,
cultural y generacional. La canción habla no solo de la dominación cultural,
sino también de la dominación económica (norteamericana), de la dominación política
(los militares) y de la falta de libertada (“bronca porque está prohibido todo/hasta lo que haré
de cualquier modo”).
Las películas extranjeras con escenas de sexo o de
política eran censuradas. Se cortaban con tijeras las partes de las cintas
cinematográficas que tenían las “escenas indebidas”…
En 1973 gana
las elecciones Héctor Cámpora, el candidato del partido Justicialista, ya que
Juan Domingo Perón continuaba proscrito por los militares. Ese mismo año, vencen las licencias de
televisión otorgadas en 1958 (la ley las adjudicaba por quince años). Se genera
un debate sobre si llamar a nuevas adjudicaciones, prorrogar las existentes o
nacionalizar el sistema de televisión. En octubre, el Estado nombra
interventores en las canales privados y se prorroga el llamado a licitación.
Finalmente, el 18 de junio de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón[3] expropia los canales de televisión y las productoras asociadas y de
este modo se estatizan los canales capitalinos y también el 7 de Mendoza y el 8
de Mar del Plata (Morone y de Charras, 2006).
La dictadura y la Ley de Radiodifusión.
El 24 de marzo de 1976 los militares derrocan a Estela
Martínez de Perón. Desde el primer día informan que el gobierno establece la
censura. Como explican (Postolski y Marino, 2006:161): “La desinformación a
través del ocultamiento de hechos y la censura explícita, fueron mecanismos que
tendieron a la construcción de un discurso hegemónico oficial, sin posibilidad
de ser contrarrestado”. Ya antes de que los militares tomaran el poder, el
gobierno de María Estela Martínez de Perón había armado listas negras,
proscrito a artistas y periodistas y perseguido, secuestrado y asesinado a opositores.
Los militares continuaron y aumentaron estas persecuciones. Se instalaron
campos de concentración donde se detenía ilegalmente (sin orden de un juez), se
secuestraba y se asesinaba a todo aquel que fuera sospechoso de “subversión”.
Se calcula que son unos 30.000 los desaparecidos por el régimen militar.
En los juicios que se hicieron después de 1983 y que
actualmente se continúan haciendo (hecho sin precedentes en la historia mundial
universal) quienes salieron con vida de los campos de concentración contaron y
cuentan lo que sucedió. El Estado organizó y planificó un plan para exterminar a
toda una generación de militantes, trabajadores y jóvenes que luchaban por un
mundo más justo e igualitario. Si bien la guerrilla armada cometió asesinatos,
secuestros, robos y atentados[4], estas acciones jamás pueden justificar el plan genocida. Los militares
y la policía deben encarcelar y juzgar no por orden del Poder Ejecutivo sino
por medio del Poder Judicial, que debe investigar y resolver en su órbita los
actos ilícitos y delictivos.
Como dice Luis Bruschtein, citado por Postolski y
Marino (2006:161) “… el proyecto de la dictadura era disciplinar a una sociedad
que tenía un alto nivel de politización y que reclamaba por sus derechos, que
estaba altamente movilizada con un alto nivel de conciencia y un alto nivel de
organización”. Los grupos armados guerrilleros estaban formados por una minoría
de la población. Sin embargo, los trabajadores y la población en general estaba
muy politizada y apostaba a generar cambios políticos y económicos que
mejorasen la vida de toda la población, principalmente la de los más pobres. El
gobierno militar se encargó de reprimir toda movilización social para imponer
un modelo económico neoliberal de ajuste (esto significa que se le paga menos a
los trabajadores para que los empresarios ganen más). La dictadura llevó
adelante el plan genocida para poder imponer su política económica neoliberal
que beneficiaba a un pequeño grupo de empresarios y terratenientes.
Como relatan Postolski y Marino (2006:165) “La
división de las señales de la televisión fue la siguiente: Canal 9 para el
Ejército, que también controlaba el 7… canal 11, para la fuerza aérea y el 13,
para la Armada. Conla Escuela
de Mecánica de la Armada ,
funcionaba uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura.
La dictadura también quiso congraciarse con
los dueños de los diarios. Y así fue que le vendió el 75 por ciento de la
empresa Papel Prensa a los diarios La Nación , La Razón y Clarín.
Esta empresa monopólica y productora de papel para diarios y revistas había
sido propiedad de David Gravier, quien fue acusado de tener vinculaciones con
los montoneros (organización peronista armada). Por este motivo se intervinieron
sus bienes. Poco tiempo después falleció en un confuso accidente aéreo y se obligó
a su familia a vender sus bienes al gobierno. El gobierno le dio facilidades
financieras a los diarios compradores. De este modo, Clarín, La Razón
y La Nación ,
se convirtieron en los medios escritos más importantes de fines del siglo XX en
Argentina. En el 2000, el diario La Razón se declaró en
quiebra y vendió sus acciones a Clarín
y a La Nación.
En marzo de 1980 el
gobierno de Videla sancionó el decreto-ley de Radiodifusión 22.285. Esta ley
buscaba controlar la libertad de expresión ya que como citan textualmente
Marino y Postolski (2006, 175) “Los servicios de radiodifusión deberán difundir
la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer
las necesidades de la Seguridad Nacional
El retorno de la democracia.
En 1983, después de la
derrota de la guerra de Malvinas en 1982, los militares llaman a elecciones.
Gana el partido radical. Raúl Alfonsin gobierna entre 1983 y 1989. Alfonsin
debe dejar el gobierno seis meses antes porque si bien no es derrocado por un
golpe de estado, sí lo es por el poder económico. Las cámaras empresariales
aumentan sin parar los precios generando picos de hiperinflación. Los grupos
poderosos sabían que la población no apoyaría un golpe de estado, así que
deciden generar una escalada de precios que hace que los sueldos de los
trabajadores no alcancen para nada. Durante el gobierno de Alfonsín, se respetó
la libertad de expresión, volvieron los artistas y periodistas perseguidos y se
comenzó a esclarecer todo lo sucedido durante la dictadura. Sin embargo, no se
pudo avanzar en la sanción de una ley democrática para los medios de
comunicación. En esta época florecen las radio de frecuencia modulada (FM) y las
radios FM de baja potencia o barriales o comunitarias o truchas (porque no
tenían licencias). También crecen las empresas de cable de televisión que brindan
señales extranjeras y especializadas en contenidos específicos. Los canales de
televisión de aire siguen en manos del estado.
En 1989 Carlos Menem
gana las elecciones presidenciales. Aunque en la campaña presidencial había
prometido el “salariazo”, rápidamente lleva adelante políticas neoliberales que
incluyen congelamiento de los salarios, beneficios laborales para los
empresarios, un dólar que beneficia la importaciones (y destruye la capacidad
productiva de los empresarios nacionales), reducción del gasto público (lo que
significa menos y peores servicios en salud, educación, vivienda y obra
pública) y la venta de las empresas del estado. Mediante la ley 23.696 de
reforma del estado de agosto de 1989, el estado decide vender varios activos
del estado. Es esta ley la que habilita la modificación de la ley de
radiodifusión de la dictadura: se permite que una misma empresa tenga varios
medios de comunicación y que participen de empresas de radiodifusión medios
periodísticos escritos. Esto lleva a la
formación de oligopolios porque las empresas con mayor capital van comprando a
las más chicas para tener menos competencia en el mercado.
En Argentina se formaron
grandes grupos multimedios que lideraron el mercado durante veinte años. Por un
lado, el grupo Clarín, dueño del diario del mismo nombre, de canal 13, de la
empresa de cable Multicanal, de productoras de contenidos (como Polka con
participación accionaria de Adrián Suar), de radio Mitre y FM 100, de señales
de cable, de productora de eventos (como Expo Agro[5]),
entre otros. Por otro lado está el grupo Telefé, dueño de canal 11, de radio
continental, relacionado con editorial Atlántida, dueño de empresas de cable,
de FM Hit y La Red ,
de productoras de cine y televisión, entre otras.
Pero también, a lo largo
de los años, se fueron formando otros grupos multimedios como el del grupo La Nación , el de América
Multimedios, el de Editorial Perfil, el de Vila y Manzano, el de Hadad, el de
Editorial Atlántida, el de Héctor Ricardo García, etcétera. Estos grupos fueron
vendiendo y comprando señales, canales, diarios, revistas, productoras y medios
digitales. Salvo Canal 7, Radio Nacional, Radio Municipal y algunos canales de
radio y televisión del interior del país, la radiodifusión se convirtió en un
negocio en el que lo más importante no eran los contenidos sino el rating y las
ventas.
Los medios cumplen la
función de informar, educar y entretener. Son un servicio público: algo que la
población necesita para ejercer su ciudadanía (elegir candidatos, participar de
manifestaciones, apoyar ciertas demandas, saber cómo se maneja el dinero del
Estado, por qué paga lo que paga por los servicios públicos, etcétera). En un
país democrático debe haber pluralidad de informaciones y de puntos de vista. La
información y el conocimiento no pueden ser tratados como mercancías. Según el
pensamiento neoliberal, la competencia lleva a que la gente elija la mejor
opción en precio y calidad. Pero no toda la población tiene esta opción: quien
no puede pagar el cable no puede acceder a programas educativos, culturales,
dedicados especialmente a los niños, etcétera. Quien no tiene dinero o no tiene
el suficiente, no goza de los supuestos “beneficios” del libre mercado.
Durante el gobierno de
Menem, se vendió la emisora de Radio Municipal propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Daniel
Hadad, periodista amigo del presidente. Radio Municipal siempre había sido una
emisora de tipo cultural y tenía un público fiel e importante en cantidad.
Hadad la convirtió en Radio Diez, una emisora ultra menemista y xenofóbica, enemiga de los trabajadores y difusora de la
ideología del libre mercado. Esta emisora, con un discurso supuestamente
popular, se convirtió en una de las más escuchadas. Apelando a un vocabulario
simple y con programas de formatos populares, comenzó a difundir un discurso
que condena las huelgas, las protestas, las opiniones de las minorías, los
reclamos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que además hace
alarde del peor sentido común en tanto estigmatiza a los villeros y pide más
mano dura para los delincuentes. La radio apela al sentimiento de hastío y
miedo de la gente con el llamado tema de “la inseguridad”. Pero este tipo de
discurso de mano dura no se pregunta por qué circula más la droga, por qué hay
más asesinatos y robos, por qué hay más violencia.
No se cuestionan que las
políticas neoliberales que beneficiaron a una minoría degradó al máximo el
nivel de vida de las mayorías. Esto generó que muchas personas no vean futuro
ni posibilidades y se entreguen a las salidas más fáciles (y peligrosas), como
robar o contrabandear droga. No se está justificando este tipo de delitos, pero
sí se está tratando de comprender por qué la delincuencia se duplicó a
principios de los años noventa, cuando la población se quedó sin empleos o con
empleos muy mal pagos. Los medios como Radio Diez buscan eliminar a quienes ya
están excluidos, sin preguntarse, también cuál es el rol de la policía y de los
funcionarios, que suelen proteger a los jefes de las bandas que roban. Los
jóvenes que roban son los “soldados” (en la jerga así se llaman) que salen a
hacer los trabajos más arriesgados para grandes jefes protegidos por las
cúpulas de la policía y el poder. Estos “soldados” son quienes son usados y
descartados cuando ya no sirven o no quieren seguir robando. Van presos o son
asesinados. Esta es la realidad que los medios ocultan, tapan, protegen. El rol
de los medios es informar e incluir en sus discursos a los excluidos, no
criminalizarlos y estigmatizarlos más. No son los medios quienes deben buscar
soluciones, pero sí quienes deben ser un espacio público de difusión y
discusión de alternativas democráticas y no represivas. Democrático es un
Estado que no solo permite la libertad de expresión sino que también amplia las
posibilidades para quienes habitan en su territorio.
Los espacios de
radiodifusión se privatizaron, así como las empresas de luz, agua, gas, las aeronáuticas,
las ferroviarias, las petroleras, las postales y las telefónicas, que antes
habían sido del estado. Lo descrito sobre Radio Diez da cuenta de cómo comenzaron
a operar los medios de comunicación durante la época menemista (y como lo
siguieron haciendo durante veinte años más e incluso en la actualidad).
Periodistas como Mariano Grondona y Bernardo Neustadt hacían campaña todos los
días por las radios y la televisión para que se privatizaran los servicios
públicos. Se hablaba incansablemente sobre cómo todo funcionaba mal, pero no
explicaba cómo se había estado vaciando a estas empresas con el claro objetivo
de brindaran un pésimo servicio. La población, hastiada del mal funcionamiento
y convencida por estos voceros del libre mercado, aceptó las privatizaciones.
Una de las ventas más bochornosa fue la del petróleo. Argentina vendió uno de
los bienes más preciados para cualquier economía nacional porque deja
importantes divisas (dólares). Los funcionarios del estado y los gobernadores
se llenaron de dinero, gracias a las prebendas. Había poco espacio en los
medios para que las voces que alertaban sobre el peligro de vender estos bienes
pudiesen expresarse.
Durante los gobiernos de
Menem (1989-1995 y 1995-1999) se concentró la propiedad de los medios de
comunicación en pocos empresarios. Estos grupos, casi todos amigos del
neoliberalismo, poseían varios medios y controlaban la información y el
entretenimiento. En los canales privados y estatales no hubo prácticamente
ningún tipo de programa educativo. Si bien los canales privados mejoraron las
cuestiones técnicas de los canales y la calidad estética de algunos programas,
lo cierto es que el objetivo no era formar ciudadanos informados y educados
sino “vender audiencias a los anunciantes”.
En 1994 también se
permitió la entrada de empresas extranjeras a los servicios audiovisuales, algo
prohibido por la ley de la dictadura. Así, por ejemplo canal 9 pasó por un
tiempo a ser parte de un empresario australiano. También se formaron las
grandes redes de radiodifusión con cabeceras en Buenos Aires. Esto generó que
casi toda la programación que se escuchaba en el interior del país proviniese
de la capital federal. En los años noventa se produce un espectacular
crecimiento de la televisión por cable. Lentamente las pequeñas empresas son
compradas por empresas más grandes. Dos empresas lideran el mercado a comienzos
del siglo XXI: Cablevisión (del grupo multimedios de Eurnekian) y Multicanal
(de Clarín). Telecentro, de Alberto Pierri (dueño también del canal de cable
26) se expande por la ciudad de Buenos Aires y algunas zonas del conurbano.
Durante los gobiernos de
Fernando de la Rúa
(1999-2001)[6],
Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) el mapa de medios
siguió igual, con ventas, fusiones y nuevos entramados comerciales, pero bajo
el mismo sistema de propiedad (privatizado y concentrado). Durante el gobierno
de Kirchner, en 2005, se prorrogaron automáticamente las licencias de
radiodifusión a quienes las habían obtenido en 1990. Kirchner quiso
congraciarse con los grandes multimedios para que no opinaran en contra del
gobierno.
El sistema de medios continuó
igual hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-actualidad). En
2004, universidades, intelectuales, ONGs y diversas entidades formaron la Coalición por una radiodifusión democrática (http://www.coalicion.org.ar/). El objetivo de esta iniciativa
era consensuar mediante el debate democrático una serie de puntos y propuestas
para reformar la ley de la dictadura de los medios. Se organizaron encuentros,
charlas y debates para instalar el tema en diferentes espacios públicos.
La nueva Ley de Comunicación Audiovisual
El 27 de agosto de 2009
y coincidiendo con el día de la Radiodifusión , la presidenta mandó al Congreso el
proyecto de ley del gobierno, que se basaba en los 21 puntos de la Coalición por una radiodifusión democrática. Luego
de largos debates en las cámaras de senadores y diputados y con modificaciones
al proyecto original, el 10 de octubre de 2009 se sancionó la Ley 26522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Desde fines de 2009 hasta mediados del 2010 la ley
todavía no pudo ser aplicada porque algunos jueces la declararon
inconstitucional. La Corte Suprema
La ley considera a la comunicación audiovisual una actividad
social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural
de la población. La ley afirma el derecho
humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas
y opiniones sin ningún tipo de censura.
Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación,
la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado funcionarios
designados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Existirá también un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a
las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de
Prensa. Asesorará a la Autoridad Federal.
También se crea la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un
organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias
del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta
de los presidentes de ambas Cámaras.
Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende
a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por
suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar
televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de
radiodifusión y comunicación audiovisual.
Con el fin de impedir la formación
de monopolios y oligopolios, la ley pone límites a la concentración, fijando
topes a la cantidad de licencias. En el ámbito nacional un mismo
concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de televisión
satelital. Quien sea dueño de TV satelital no podrá tener otro medio de comunicación. Una misma persona[7] o
empresa solo podrá tener hasta 10 licencias de radio, televisión y una sola
señal de contenidos en todo el territorio nacional. Una misma persona no podrá
prestarle el servicio a más del 35 por ciento del total de habitantes del país.
A nivel local una persona o empresa solo podrá tener una radio AM y una
de FM. Solo una licencia para televisión. Solo una de televisión por cable,
siempre y cuando no tenga una de televisión abierta y viceversa. Ninguna
persona puede tener más de 3 licencias.
Para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y
de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos
de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la
construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador
del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de
origen nacional, permitiéndose la
participación de capital extranjero sólo de hasta un 30 por ciento del capital
accionario.
A diferencia de la ley anterior, se
permite la participación de cooperativas,
siempre y cuando se garantice una porción del mercado al competidor. La operación
de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de
licencias y las mismas durarán diez años (eran por 15) y se podrán prorrogar
por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan
obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de
plazo. Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para
evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un
licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de
concentración. Existirá un registro para saber de quién es la propiedad de cada
medio de comunicación.
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con
un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.
Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo
una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de
señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deberán emitir un
mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos
locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán
eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción
propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual
adicional en el que se utilice subtitulado
oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la
recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras
personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.
Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios
de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante
y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o
especialidad. Los partidos de fútbol y
otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán
por la televisión abierta de acceso libre.
Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el
objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones
publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad (14 minutos
para radio y 12 para televisión cada sesenta minutos de emisión). Deben ser de
producción nacional y no deben emitir contenidos racistas y discriminatorios ni
alentar el consumo de sustancias adictivas.
Se crea Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de
radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la
órbita del Estado Nacional. Tiene como objetivos promover los derechos humanos,
garantizar el derecho a la información, promover la educación y la diversidad
social y cultural y producir programación infantil especializada. Se reserva
para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia
AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada
una frecuencia FM.
Se reserva el 33% de las
localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de
radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de
cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro.
Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y
funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta. Las
Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la
instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar
espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento
científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación
artística y cultural.
Se protege a la niñez
de contenidos indebidos fuera del horario de protección al menor (22 horas
a 6 horas). Se sancionarán los contenidos racistas y discriminatorios que
afecten la dignidad humana y que puedan
influir en la educación de los niños. Se crea también el Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisualla
Infancia para incrementar la calidad de la programación
dirigida a los niños.
Se establece, por primera vez, la
fijación de una cuota de pantalla para el cine nacional. Los
canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y
en estreno televisivo ocho películas nacionales por año.
También se contemplan sanciones leves y graves (que van desde
apercibimientos hasta la suspensión de licencias y el cobro de multas) para
aquellos licenciatarios que no cumplan con lo normado en la
Ley. Sela Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA, que reemplaza al COMFER o
Comité Federal de Radiodifusión instituido por la ley derogada). El AFSCA es el
organismo que de ahora en más regula y controla el funcionamiento de los medios
audiovisuales en Argentina (http://www.afsca.gob.ar/web/).
Conclusiones.
Como se vio a lo largo del trabajo, las políticas de
comunicación en Argentina cambiaron según los modelos políticos y económicos
vigentes. Durante el Estado de Bienestar, los gobiernos asumieron una política
activa; los gobiernos neoliberales dejaron que fuera el mercado el que regulara
el funcionamiento de los medios. Los gobiernos militares restringieron la
libertad de expresión. Durante los gobiernos democráticos se da lo que se
denomina “libertad formal” de expresión, ya que no todos los actores sociales
pueden expresarse en los medios y menos ser licenciatarios de señales.
La nueva Ley de Servicios Audiovisuales es una
oportunidad para afianzar la democracia, ya que pone en funcionamiento una
serie de mecanismos para que no haya concentración económica y para que
diferentes actores sociales accedan a medios de comunicación (como las
organizaciones sin fines de lucro). De todos modos, los gobiernos de turno y
los diferentes actores sociales deberán ejercer con responsabilidad lo que esta
legislado. Los gobiernos no otorgando licencias a sectores “amigos” y los
diferentes sectores sociales haciendo uso de los nuevos mecanismos de expresión
y difusión de un modo creativo, atractivo e inteligente. Por otro lado, es
importante que desde el Estado se regulen los contenidos, especialmente los
dirigidos a niños y jóvenes, para ofrecerles una televisión de calidad. Y toda
la población debe estar atenta y solicitar que la televisión y la radio en
general ofrezcan programaciones diversas en cuanto a lo ideológico y lo
estético. Solo así se afianzará la democracia.
Bibliografía.
-Agusti, María Sol, Mastrini, Guillermo y Arribá Sergio (2006): “Radio,
economía y política entre 1920 y 1945”, en Mucho
ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en Argentina
(1920-2004), La Crujía ,
Buenos Aires.
-Arribá Sergio (2006): “El peronismo y la política de la radiodifusión
(1946-1955)”, en Mucho ruido, pocas
leyes. Economía y políticas de comunicación en Argentina (1920-2004), La Crujía , Buenos Aires.
-Bulla, Gustavo (2006): “Televisión argentina en los 60: la
consolidación de un negocio de largo alcance”, en Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en
Argentina (1920-2004), La
Crujía , Buenos Aires.
- Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009): Boletín
Oficial de la República Argentina
-Morone, Rodolfo y de Charras, Diego (2006): “El servicio público que no
fue. La televisión en el tercer gobierno peronista”, en Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en
Argentina (1920-2004), La
Crujía , Buenos Aires.
-Postolski, Glenn y Marino, Santiago (2006): “Relaciones peligrosas: los
medios y la dictadura. Entre el control, la censura y los negocios”, en Mucho ruido, pocas leyes. Economía y
políticas de comunicación en Argentina (1920-2004), La Crujía , Buenos Aires.
[2] El sistema patriarcal es aquel en el que los
hombres mayores de edad son los que mandan. Las mujeres y los menores de edad
deben obedecer estas reglas ancestrales y no cuestionar la autoridad masculina.
[3] A fines de 1973 Cámpora renuncia y llama a
nuevas elecciones, que gana el General Perón. Pero el 1 de julio de 1974 Perón
muere y asume su esposa, que era la vicepresidenta.
[4] La guerrilla argentina no torturaba a sus
presos y si lo hizo fue en pocas ocasiones. No era su metodología. La tortura
sí era usual por parte de los militares, que la practicaban con todos o casi
todos sus detenidos.
[5] La batalla del diario Clarín y del diario La Nación en los primeros
meses del año 2008 en contra de las retenciones (impuestos) a la soja tiene que
ver con que los dueños de estos medios venden soja y con que son aliados en los
negocios con los grandes productores de soja. Expo Agro es la cara visible de
uno de los grandes negocios del Grupo Clarín: es un evento de negocios que
además genera mucha publicidad. Este medio tiene importantes anunciantes del
sector agropecuario.
[6] El 20 de diciembre de 2001 de la Rúa renuncia y asumen como presidentes
provisionales el senador Ramón Puerta, luego el legislador Rodolfo Rodríguez
Saá , después el diputado Alberto Camaño y finalmente, el 2 de enero de 2002,
el legislador Eduardo Duhalde.
[7] Por “personas jurídicas” se entiende en el
Código Civil a todos aquellos entes de existencia física (seres humanos) o
ideal (empresas u organizaciones sin
fines de lucro) susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.
